El Estado como garante del cumplimiento de los derechos humanos
Los Estados son los únicos capaces de garantizar los derechos humanos a toda la población. El titular de los derechos es la persona y el que los debe garantizar es el Estado.
De la misma forma, es el Estado el único capaz de violar los derechos. Puede hacerlo por acción o por omisión. Los viola por acción cuando genera actividades que van en contra de los derechos de sus habitantes. Un ejemplo es el terrorismo de Estado que impuso el último gobierno de facto en nuestro país, también lo son las prácticas autoritarias, estructurales al accionar y a la organización de las fuerzas de seguridad –maltratos en comisarías, torturas seguidas de muerte o no, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil- de los gobiernos democráticos. Y los viola por omisión cuando, por su no accionar, los ciudadanos ven afectados sus derechos (por ejemplo cuando el Estado no establece políticas educativas tendientes a eliminar las desigualdades en el acceso, permanencia y egreso de los sectores populares al sistema educativo, dejando “librada” la responsabilidad de educarse a las condiciones sociales de cada sector de la población).
No todo daño contra una persona ni toda forma de violencia social representa una violación a los derechos humanos, por más grave que sea. Todo lo que un individuo o un grupo de individuos realice en contra de la ley es un delito, no una violación a los derechos humanos (sólo los Estados pueden violar los derechos humanos). El Estado debe intervenir, por medio de la justicia, condenar al responsable y tomar todas las medidas necesarias para revertir el daño que este delito haya causado. Si este es el caso, se considera que el Estado no está violando un derecho humano pues ha actuado para revertir una falla del sistema. Pero si el Estado no actúa, entonces está generando una situación de impunidad y es aquí cuando se considera que ha cometido una violación a los derechos humanos y puede ser denunciado ante el sistema internacional.
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